LEY SOX

La Ley Sarbanes Oxley, cuyo título oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 30 de julio de 2002, es una ley de Estados Unidos también conocida como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista. También es llamada SOx, SarbOx o SOA.

La Ley Sarbanes Oxley nace en Estados Unidos con el fin de monitorizar a las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgo de bancarrota, protegiendo al inversor.

Esta ley, más allá del ámbito nacional, involucra a todas las empresas que cotizan en NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York), así como a sus filiales.

La Ley Sarbanes-Oxley es una Ley federal de Estados Unidos que ha generado mucha controversia, ya que esta Ley va en respuesta a los escándalos financieros de algunas grandes corporaciones, entre los que se incluyen los casos que afectan a Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine Systems. Estos escándalos hicieron caer la confianza de la opinión pública en los sistemas de contabilidad y auditoría. La Ley toma el nombre del senador Paul Sarbanes (Demócrata) y el congresista Michael G. Oxley (Republicano). La Ley fue aprobada por amplia mayoría, tanto en el congreso como el senado. La legislación abarca y establece nuevos estándares para los consejos de administración y dirección y los mecanismos contables de todas las empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Introduce responsabilidades penales para el consejo de administración y establece unos requerimientos por parte de la SEC (Securities and Exchanges Commission), es decir, la comisión reguladora del mercado de valores de Estados Unidos. Los partidarios de esta Ley afirman que la legislación era necesaria y útil, mientras los críticos creen que causará más daño económico del que previene.

La primera y más importante parte de la Ley establece una nueva agencia casi pública, “the Public Company Accounting Oversight Board", es decir, una compañía reguladora encargada de revisar, regular, inspeccionar y disciplinar a las auditoras. La Ley también se refiere a la independencia de las auditoras, el gobierno corporativo y la transparencia financiera. Se considera uno de los cambios más significativos en la legislación empresarial, desde el “New Deal” de 1930.

Introducción

Enron Creditors Recovery Corporation era una compañía energética estadounidense con base en Houston, Texas. Enron empleó a 21.000 personas y fue una de las compañías eléctricas, de gas natural, papeleria, y de comunicaciones más importantes del mundo, con unos ingresos de 111.000 millones de dólares en el año 2000, llegando a ser la séptima empresa de Estados Unidos, según su supuesta contabilidad. Enron fue nombrada por la revista “Fortune” como la compañía más innovadora de América durante 6 años consecutivos desde 1996 hasta 2001.

El caso Enron se hizo famoso a finales del año 2001, cuando se reveló que su condición financiera estaba sustentada por una contabilidad creativa fraudulenta, sistemática e institucionalizada desde hace años, es decir, utilizaban avanzadas técnicas de ingeniería financiera para modificar su realidad contable. Desde entonces se ha convertido en un símbolo de la corrupción y del fraude corporativo.

El escándalo causó la disolución de la empresa consultora y auditora Arthur Andersen, la cual era muy prestigiosa en su momento. Como se descubrió después, mucho de los activos y beneficios de Enron fueron inflados, o enteramente fraudulentos o inexistentes, anotando deudas y pérdidas en entidades situadas en paraísos fiscales que no estaban incluidas en el sistema financiero de la compañía, además del uso de otras transacciones financieras, complejas y sofisticadas, entre Enron y las mencionadas compañías creadas para encubrir los datos contables deficitarios.

El Escándalo

La reputación mundial de Enron se vio degradada por los persistentes rumores de sobornos y presiones políticas para asegurar los contratos en América Central, Suramérica, África y Filipinas.

Después de una serie de escándalos envueltos en contabilidad irregular y procedimientos fraudulentos en la década de los 90, los cuales involucraban a Enron y la auditora Arthur Andersen, se declaró la mayor bancarrota de la historia en Noviembre del año 2001. El intento de rescate por parte de un “Caballero Blanco” (Dynegy) fue en vano, lo que llevó finalmente a la bancarrota en diciembre de 2001.

Cuando el escándalo fue revelado en 2001, las acciones de Enron cayeron desde alrededor de 90$ a 0,30$. Enron era considerada una compañía fiable y de resguardo para los inversores. Esto fue un desastre sin precedentes en el mundo financiero.

Como consecuencia de esto Arthur Andersen se disolvió, dejando solo cuatro grandes firmas auditoras, lo que causó grandes dificultades a las importantes corporaciones que requieren usar más de una auditora para servicios de auditoría y consultoría.

En 9 de junio de 2002, el departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunció que iba a abrir una investigación al caso Enron.

La trama

Esto hizo que Enron pareciera más atractiva y creó una peligrosa espiral donde cada departamento tenía que ocultar y mejorar cada vez más sus resultados financieros, de manera que se creara un beneficio ilusorio global de millones de dólares, cuando en realidad la compañía estaba perdiendo dinero. Esta práctica elevó las cotizaciones a nuevos niveles, hasta el punto que los ejecutivos empezaron a utilizar información privada y comerciar con acciones de Enron valoradas en millones de dólares. Los ejecutivos y otros trabajadores que disponían de información privada sabían de la existencia de las cuentas deficitarias en paraísos fiscales, mientras que los inversores no estaban al tanto.

En agosto de 2000 el precio de la acción era 90$, su valor más alto. En ese momento los ejecutivos de Enron que poseían la información empezaron a vender sus carteras. Al mismo tiempo se estimulaba a la opinión pública y los accionistas de Enron a comprar acciones, ya que se decía a los inversores que el valor iba a continuar subiendo posiblemente hasta un valor de 130$ o 140$.

Al vender los ejecutivos las acciones, el precio empezó a caer. A los inversores se les dijo que continuaran comprando acciones o que mantuvieran sus carteras, ya que el precio de las acciones se iba a recuperar en futuro cercano. Ante estos problemas Kenneth Lay llamó a la calma a los inversores, asegurándoles que Enron iba por buen camino.

Para el 15 de agosto de 2001, la cotización de Enron había caído hasta 42$. Muchos inversores seguían confiando en Lay y creían que Enron se recuperaría. Continuaron comprando o manteniendo las carteras perdiendo dinero cada día. Para octubre la cotización ya había caído hasta 15$, muchos vieron como una gran oportunidad para comprar acciones de Enron, ya que Kenneth Lay lo aconsejaba en los medios de comunicación. Las esperanzas y el exagerado optimismo fueron en vano.

Los operadores europeos de Enron se declararon en bancarrota en noviembre de 2001, y en Estados Unidos solicitaron acogerse a la protección del “Chapter 11” el 2 de diciembre. Entonces, fue la mayor bancarrota de Estados Unidos dejando a 4.000 empleados sin trabajo.

Lay ha sido acusado de vender acciones por valor de 70 millones de dólares, que usó para pagar deudas de la compañía. Asimismo su mujer ha sido acusada de vender 500.000 acciones en el mercado, lo que hacían un total de 1,2 millones de dólares, el 28 de noviembre de 2001. El dinero ganado de esta venta no fue para la familia, sino fue destinada a organizaciones caritativas. Los registros muestran que el Sr. Lay ordenó la venta entre las 10:00 y las 10:20 de la mañana. A las 10:30 salió a la luz las noticias de los problemas de Enron, incluidas las pérdidas millonarias y el precio de los valores de las acciones cayó por debajo de 1$.

Novedades y puntos más importantes que introduce la Ley Sarbanes-Oxley

• La creación del “Public Company Accounting Oversight Board” (Comisión encargada de supervisar las auditorías de las compañías que cotizan en bolsa).
• El requerimiento de que laros, que forman el comité de auditores, recae la responsabilidad confirmar la independencia.
• Prohibición de préstamos personales a directores y ejecutivos.
• Transparencia de la información de acciones y opciones, de la compañía en cuestión, que puedan tener los directivos, ejecutivos y empleados claves de la compañía y consorcios, en el caso de que posean más de un 10% de acciones de la compañía. Asimismo estos datos deben estar reflejados en los informes de las compañías.
• Endurecimiento de la responsabilidad civil así como las penas, ante el incumplimiento de la Ley. Se alargan las penas de prisión, así como las multas a los altos ejecutivos que incumplen y/o permiten el incumplimiento de las exigencias en lo referente al informe financiero.
• Protecciones a los empleados caso de fraude corporativo. La OSHA (Oficina de Empleo y Salud) se encargará en menos de 90 días, reinsertar al trabajador, se establece una indemnización por daños, la devolución del dinero defraudado, los gastos en pleitos legales y otros costes.

Requerimientos que establece la PCAOB en relación al Artículo 404.

• Asesoramiento del diseño y la eficacia del funcionamiento de los controles internos relacionados con el mantenimiento de los balances financieros relevantes.
• Comprensión de la importancia de las transacciones anotadas, autorizadas, procesadas, y contabilizadas.
• Documentar suficiente información sobre el flujo de transacciones para identificar posibles errores o fraudes que hayan podido ocurrir.
• Evaluar la credibilidad de los controles de la compañía, de acuerdo con el “COSO” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), organización encargada de identificar fraude financieros.
• Evaluar los controles diseñados para prevenir o detectar fraudes, incluidos los controles a la dirección.
• Evaluar el control del proceso del informe financiero al final de ejercicio.
• Evaluar el control sobre la veracidad de los asientos contables.

Controles Internos

Sección 302 En el artículo 302 de la Ley se establecen los procedimientos internos con el fin de asegurar la transparencia financiera.

Los artículos referentes a controles internos, son quizás los más importantes de la Ley. En el artículo 302 se específica la responsabilidad penal que recae sobre la directiva de la empresa, ya que tienen que firmar unos informes de forma que aseguren la veracidad de los datos que éstos contienen. Los funcionarios firmantes certifican que ellos son responsables.

Esto es un cambio sustancial en lo referente a la legislación pasada, ya que al menos hay una persona que firma y ante posibles irregularidades o fraudes esta persona firmante será la responsable.

Con esto a la auditora externa se le exime de culpa, o al menos de parte de culpa, ya que el informe de auditoría se efectúa a partir de los informes que le concede la compañía. Si el informe que le es entregado a la empresa auditora está mal diseñado, contiene información falsa o está falto de información la responsabilidad, recae sobre el trabajador de la compañía auditada que ha firmado los informes. Esto otorga una independencia declarada y comprobada de la empresa auditora con respecto a la compañía a auditar.

La Ley Sarbanes-Oxley establece un responsable o responsables, una cabeza de turco sobre la que recaerán las posibles consecuencias ante un fraude, algo que anteriormente no existía y que conllevaba dificultades legales a la hora de buscar responsables, como ocurrió en el caso Enron. En este caso fueron imputados varios de los directivos, y finalmente todos menos dos quedaron absueltos.

(Sarbanes-Oxley Act, 2002) Ley SARBANES-OXLEY, Artículo 302 RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA POR LOS INFORMES FINANCIEROS

REGLAMENTOS REQUERIDOS. La comisión, por reglamento, requerirá de cada compañía que presente informes periódicos {…} que el principal funcionario o funcionarios ejecutivos y el principal funcionario o funcionarios financieros, o personas que efectúen funciones similares, en cada informe anual o trimestral presentado o suministrado bajo cualquier artículo de tal ley certifique que: 1. El funcionario firmante ha revisado el informe 2. El informe no contiene ninguna declaración falsa de un hecho material u omite declarar un hecho material necesario a fin de hacer que a luz de las circunstancias bajos las cuales fueron hechos tales informes no son fraudulentos. 3. Los estados financieros, y otra información incluida en el informe presentan razonablemente {…} la situación financiera y los resultados de las operaciones del emisor por los períodos presentados en el informe. 4. Los funcionarios firmantes: a. Son responsables por establecer y mantener controles internos. b. Han diseñado controles internos para asegurar que información importante referente al emisor {…} sea puesto en conocimiento de tales funcionarios {...} 5. Los funcionarios firmantes han revelado a los auditores del emisor y al comité de auditoría de la junta de directores (o personas que desempeñan función equivalente) a. Todas las deficiencias {…} de los controles internos que podrían afectar adversamente la habilidad del emisor para registrar, procesar, resumir y reportar datos financieros {…}. b. Cualquier fraude, significativo o no, que involucre a la gerencia u otros empleados que desempeñen un papel importante en los controles internos del emisor.

Artículo (404) La novedad que introduce el artículo 404 de la Ley SARBANES-OXLEY es la exigencia de redactar un informe de control interno al final de cada ejercicio fiscal. Dentro de este informe de control interno se establece la responsabilidad del equipo directivo de tener una estructura de control interno adecuada. Anteriormente esta exigencia no existía y ahora el equipo directivo es responsable ante posibles fraudes. Por ejemplo, en el caso Enron no existía control interno declarado y los movimientos de ingeniería financiera entre filiales de Enron en paraísos fiscales y la central en EEUU quedaban sin ser vigilados ni controlados, de lo cual un caso extremo fue lo ocurrido en el año 2001 anteriormente mencionado.

Este informe de control interno es revisado y evaluado por la empresa auditora, que certificara la anterior evaluación hecha por la comisión de los directivos encargados de realizar dicho informe.

(Sarbanes-Oxley Act, 2002) Ley SARBANES-OXLEY, Artículo 404 EVALUACION DE LA GERENCIA DE LOS CONTROLES INTERNOS.

a) REGULACIONES REQUERIDAS. La Comisión prescribirá regulaciones requiriendo que cada informe anual {…} contenga un informe de control interno, el cuál: 1. determinará la responsabilidad de la gerencia por establecer y mantener una estructura adecuada de control interno y los procedimientos, 2. contendrá una evaluación, al final de año fiscal más reciente del emisor, de la estructura de control interno y los procedimientos para la información financiera.

b) EVALUACIÓN E INFORME DEL CONTROL INTERNO. Con respecto a la evaluación del control interno requerido por el inciso (a), cada firma de contabilidad pública que prepara o emite el informe de auditoría para el emisor testificará, e informará sobre la evaluación hecha por la gerencia de emisor. Una testificación bajo esta subsección será hecha de acuerdo con las normas para compromisos de testificación emitidas o adoptadas por la Junta. La testificación no estará sujeta a un compromiso separado.

Artículo (906)

La Ley establece una modificación en el código penal de los Estados Unidos. El artículo 906 de la Ley Sarbanes-Oxley establece una nueva disposición en el código penal donde se especifican las multas y penas para los responsables legales de infracción de los requerimientos expuestos en la Ley SARBANES-OXLEY.

El responsable “será multado con no más de 1.000.000 $ o encarcelado por no más de 10 años, o ambos” en el caso de que sabiendo que “el informe que acompaña al estado no cumple con todos los requerimientos”.

En el caso de que sabiendo que “el informe que acompaña al requerimiento no cumple con los requisitos” el responsable “será multado hasta con 5.000.000 $ o encarcelado por no más de 20 años, o ambos”.

Esta sección del código penal que ha introducido la Ley Sarbanes-Oxley es toda una novedad, porque específica la pena del tipo de delito financiero en cuestión, y endurece las penas anteriormente existentes para este tipo de delitos.

Además de especificar la pena, también aclara sobre quien recae la responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con el caso de los escándalos de Enron y otras compañías donde la responsabilidad penal no fue fácil de establecer en unos culpables claros.

[editar] Coste de Implementación

[editar] Introducción

Existen distintas opiniones acerca de la Ley, John Thain (NYSE Chief Executive Officer) establece “No hay lugar a dudas que la Ley SARBANES-OXLEY era necesaria”. No obstante, el coste de implementación de los nuevos requerimientos ha llevado a las compañías a cuestionarse la necesidad de la Ley.

Para las compañías, la necesidad de actualizar los sistemas de información para cumplir los requerimientos de control e informe suponen un gran coste. En muchos de los casos esto implica cambios significativos o incluso reemplazarlos, ya que anteriormente fueron diseñados sin la necesidad del cumplimiento de los nuevos estamentos. Recientemente artículos publicados en el New York Times, Wall Street Journal, Financial Times y The Economist han sugerido que las opiniones de la Ley SARBANES-OXLEY son la causa de un decrecimiento de las compañías americanas cotizadas en bolsa en comparación con otras bolsa como Londres o Hong Kong, es decir, la Ley desincentiva a las compañías para cotizar en bolsas americanas.

Se ha comprobado que el coste asociado al cumplimiento del apartado 404 de la Ley SARBANES-OXLEY es realmente significativo. Según “Financial Executives International” (FEI), en una muestra de 217 compañías con un promedio de ingresos mayores de 5.000 millones de dólares, se estimó un coste de 4,36 millones de dólares en el primer año.

El gran coste de implementación incurrido durante el primer año, puede ser atribuido a la gran carga de trabajo que tuvieron que realizar las auditoras, y el coste monetario que esto acarrea. Estos costes de establecimiento de la Ley puede ser poco significantes para una minoría de grandes compañías, no obstante puede llegar a ser insostenible para una empresa más pequeña con una facturación de unos pocos millones. Por otro lado la Ley todavía no es efectiva para las compañías pequeñas con un valor de menos de 75 millones de dólares en el mercado bursátil, y todavía no está claro lo que la Ley requerirá a las pequeñas compañías, cuando ésta se haga efecto.

Conforme más compañías y auditoras ganen experiencia con la Ley Sarbanes-Oxley, se prevé que los costes vayan disminuyendo. Los ingresos de las auditoras han crecido mucho desde que entró en vigor la Ley, aunque ya estaban creciendo antes de la imposición de la Ley como consecuencia de los escándalos financieros por los cuales las autoridades se vieron obligados a redactar la Ley.

Hay quien afirma que la Ley Sarbanes-Oxley ha hecho que muchos negocios se hayan trasladado de Nueva York a Londres, donde las autoridades reguladoras de los servicios financieros son más flexibles.

Hace ya más de 3 años que el congreso de los Estados Unidos impuso la Ley con la intención de recuperar la confianza de los inversores. En los últimos 2 años, el artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley, anteriormente explicado, ha requerido que la gestión de gran cantidad de compañías que cotizan en bolsa y sus compañías auditoras independientes escriban un informe sobre los controles internos de las compañías. Esto es lo que ha hecho incrementar los costes de auditoría.

Pequeñas compañías

Como muestra la tabla 1 y el gráfico 1 (Sarbanes-Oxley Spring 2006 Survey by CRA International) las pequeñas compañías han experimentado una bajada substancial del coste y las tarifas de auditoría, referido al artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley, a partir del segundo año de implementación.

En dichos costes se incluyen:

• El coste total del artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley es alrededor de $860.000 en el segundo año, comparado con los $1,24 millones en el primer año de implementación, es decir, ha disminuido un 30%.
• Otros costes de auditoría externa asociados con el artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley han disminuido un 20,6% durante los dos primeros años de implementación.
• El total de costes de implementación de la Ley en el segundo año, llegó a representar aproximadamente 0,24% de los ingresos de las compañías estudiadas. Mientras que durante el primer año fue del 0,38%.

4.2.1 Tabla y 1 Figura

Fuente: Sarbanes-Oxley Spring 2006 Survey CRA International, page 7.

Fuente: Sarbanes-Oxley Spring 2006 Survey CRA International, page 8.

Como muestra la tabla 1, el coste de las tarifas de las auditorías bajaron a $336.000 en el segundo año, desde $423.000 en el primer año de implementación de la Ley. Las tarifas de las auditoras. El 39% de los costes de las compañías pequeñas en auditorías, se debió a la implementación del artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley.

La CRA analiza también el resultado de dos subgrupos de pequeñas compañías: aquellas que su capitalización en el mercado fue menor de $125 millones y aquellas que su capitalización en el mercado estuvo entre $125 millones y $700 millones. El promedio de la reducción del coste total del artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley entre 2004 y 2005 para estos subgrupos fue similar a la reducción media para el total de las compañías más pequeñas.

El coste total para las compañías con una capitalización entre $125 millones y $700 millones bajó un 29%, desde $1,33 millones en 2004 a $0,94 millones en 2005. Y el total de los costes para las compañías que están en el rango menor (menos de $125 millones) descendió un 42% de $0,92 millones en 2004 a $0,53 millones en 2005.

Compañías Grandes

Como se muestra en la tabla 3, el impacto de implementación de la Ley fue la siguiente:

• Los costes del artículo 404 cayeron en el segundo año desde la implantación de la Ley de $8,5 millones en el primer año a $4,8 millones, lo que significa una caída del 43,9%.
• El coste asociado a la implementación de la Ley Sarbanes-Oxley (artículo 404), en los dos primeros años representó el 0,05 % de los ingresos medios de las compañías. Solo el primer año represento el 0,11% y descendió bruscamente al 0,02% en el segundo año de implantación. Podemos ver que las grades compañías tuvieron una gran capacidad de ajuste a la implementación de la Ley, ya que después de un gasto considerable en el primer año, para el segundo se pudo reduir notablemente.

4.3.1 Tabla 3 y Figura 2

Fuente: Sarbanes-Oxley Spring 2006 Survey CRA International, page 10.

Fuente: Sarbanes-Oxley Spring 2006 Survey CRA International, page 11

Como se muestra en la figura 2, el coste de implementación en el año 2005 del artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley represento el 33% del gasto total en auditorías.

Causas Fundamentales que han afectado a los Costes de Implementación

Las auditoras, se han visto obligadas a adoptar nuevos mecanismos y medidas para poder adaptarse a la nueva situación. Esto ha supuesto un incremento de las tarifas y comisiones de las auditoras.

Las tres causas más importantes, reflejadas en la tabla 5, son idénticas para los dos grupos de compañías, aunque dependiendo del tamaño las proporciones son distintas. La razón principal, que hizo que en el segundo año de aplicación de la Ley disminuyeran los costes de implementación de la nueva normativa, fue el resultado de la aplicación de lo aprendido el año anterior. La gran inversión en aprendizaje fue el primer año, y el segundo ya se llevaba parte del camino recorrido. Muchos de los informes que se tuvieron que hacer en el primer año, no fue necesario repetirlos en el segundo. La tercera causa en importancia, fue el trabajo realizado en la revisión, ocultación y “maquillaje” de información de terceras personas que tenían que ver con la compañía, y que fue necesario para adaptarse a la nueva Ley. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, la nueva Ley exige informes sobre las acciones y opciones de la compañía que están en posesión de directivos y ejecutivos de la empresa, algo que antes no era necesario.

Fuente: Sarbanes-Oxley Spring 2006 Survey CRA International, page 13

Nota de traducción (ante la dificultad conceptual)

Learning Curve: Proceso de formación, aprendizaje. Change in efforts: Esfuerzos necesarios para la adaptación de los nuevos mecanismos. Decline in third party readiness activities: Costes de ocultar y “maquillar” información de terceras personas.

Además en el estudio consultado, se observa una esperada disminución de los costes claves observados, gracias a la experiencia adquirida. Para las compañías pequeñas el número de controles claves realizados por las auditoras descendió un 21%, en promedio de 262 que se hicieron en el año 2004 a 206 en el año 2005. Para las grandes compañías este descenso fue del 19%, de 669 controles en año 2004 a 540 en 2005. Dichos controles tuvieron que ser más numerosos durante el primer año, ya que la Ley Sarbanes-Oxley exige una revisión exhaustiva y más amplia.

Se observa una adaptación a la nueva normativa, ya que el esfuerzo tanto para grandes compañías, como para pequeñas se ha reducido aproximadamente en un 20% del primero al segundo año.

Valoración Crítica

La Ley Sarbanes-Oxley se aprobó con el fin de evitar posibles escándalos como los ocurridos a Enron, WorldCom, y demás compañías que sufrieron algo parecido.

En Estados Unidos hubo un gran revuelo, así como un descontento general por parte de los inversores, ya que desconfiaban de las instituciones reguladoras y del Gobierno.

Para evitar esa caída de la confianza aprobaron esta Ley, ya que a efectos prácticos no evita que pueda volver a ocurrir algo así. Esta Ley no podría evitar que una compañía haga una contabilidad fraudulenta como hizo Enron. Si la información que se les ofrece a las compañías auditoras es falsa, o incompleta, éstas compañías auditoras harán unos informes irreales e incompletos. Lo que sí establece la Ley es una responsabilidad, ya que hay una persona encargada de firmar los informes y de garantizar a la compañía auditora que la información es veraz y completa.

La Ley Sarbanes-Oxley ha supuesto unos grandes costes para las compañías, a la vez que ha supuesto unos mayores ingresos para las empresas dedicadas a auditoría independiente. Esto ha supuesto un desincentivo para algunas compañías que iban a entrar a formar parte en el parqué americano, y que han decidido trasladarse a otros mercados como el europeo y japonés donde existe una mayor flexibilidad.

Después de la desaparición de la compañía auditora Arthur Andersen el número de grandes compañías auditoras disminuyó, quedando reducido a KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young. Se redujo la competencia, ya que como estas compañías también ofrecen servicios de consultoría, y la nueva legislación exige una mayor independencia entre la compañía auditora y la empresa auditada, la capacidad de elección entre unas compañías consultoras y otras se ha limitado.

Esta Ley ha tenido unos grandes costes, ya analizados anteriormente, y aún así no garantiza que no pueda volver a ocurrir lo mismo. Es una Ley que hizo el Gobierno de la Administración Bush para lavar la imagen de las instituciones americanas y del propio Gobierno, ya que algunos directivos tenían una estrecha relación con la Administración Bush. Véase el documental Enron, los tipos que estafaron a América, donde se explican estos lazos, llegando al extremo de que al poco tiempo del escándalo financiero de Enron, a antiguos directivos de esta firma se les asignó un puesto de trabajo en la Administración del Gobierno.

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